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El Nacional: Las bolsas que reparten los CLAP no resolverán la escasez de alimentos

5 junio, 2016

bolsas_comida_clap3jun2016ND / Tatiana Ferrin / 5 jun 2016.- Los expertos coinciden en que Las bolsas de alimentos que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no servirán para acabar con la escasez. Consideran que es un mecanismo «arbitrario y discriminatorio con el que el gobierno ejerce control político».

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Susana Raffalli, nutricionista experta en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastre, y Tomás Socías, analista agroalimentario, advierten que los CLAP no son un sistema de abastecimiento alimentario.

Según reseña El Nacional, Socías destacó que el problema de fondo no es la distribución de la comida, sino la producción y la destrucción del aparato productivo nacional.

A su juicio, la demora en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo, como el ajuste de precios y el otorgamiento de divisas para matera prima, acelerarán más la escasez. «Los CLAP no tendrán qué vender en las bolsas, debido a que no se está importando alimentos por falta de dólares ni tampoco produciendo».

Agregó que los comités no tienen experticia en distribución de alimentos ni logística, además de que se propicia la corrupción y el desvío discrecional de los productos. Afirma que el gobierno ha demostrado su incompetencia en la distribución de bienes de la cesta básica con el manejo de la ahora «destruida y quebrada red pública de alimentos», que incluye Mercal, Pdval, Abastos Bicentenarios, los mercados a cielo abierto y las bodegas comunales.

«El gobierno evade la responsabilidad y le pasa el poder al pueblo cuando ya no hay recursos», comentó, según el medio.

Por su parte, Raffalli destacó que la incompetencia del Ejecutivo para manejar el problema alimentario y la ausencia de productos prioritarios de los anaqueles trajo como consecuencia la violencia, «que se ha exacerbado con el desvío de los alimentos hacia la rosca de los CLAP». La especialista considera que Venezuela «tocó fondo».

Resaltó que el Gobierno incurre en un delito alimentario al vulnerar el artículo 305 de la Constitución, que establece: «El Estado garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento».

La especialista afirmó que el Ejecutivo también viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 3 de enero de 1976 y del cual el país es parte. Indicó que Venezuela, como Estado signatario, está comprometido a cumplir obligaciones y principios, respetando el derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre. Sin embargo, todos los ha vulnerado.

Precisa que se incumple el derecho a la participación, debido a que los ciudadanos no escogieron que deseaban recibir alimentos de los CLAP ni el contenido de las bolsas. Tampoco seleccionaron el día que las van a repartir y ni a quién se las repartirán.

De acuerdo con Raffalli, también vulnera el derecho a la no discriminación porque hay que inscribirse en un consejo comunal del PSUV para ser beneficiario de una bolsa. No se respeta la autodeterminación, pues el gobierno desplaza la libertad del consumidor y establece por su cuenta lo que va a comer.

«Los CLAP no se pueden auditar porque no llevan un sistema de cuentas transparente. No hay reglas de funcionamiento ni metas de cobertura². Considera que se quebranta el Estado de Derecho, debido a que el control político desplaza al control ciudadano».



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